TRIBUNA: RAMON J. MOLES

Contra el populismo penitenciario

España es el país de Europa con más presos por cada 100.000 habitantes pese a tener una de las tasas de criminalidad más bajas. A golpe de 'calentones' hemos ido endureciendo nuestro Código Penal

RAMON J. MOLES 17/07/2010

Desde el año 2000, el número de reclusos en España ha 
aumentado un 65,1%, lo que nos sitúa a la cabeza de Europa 
en tasa de presos por cada 100.000 habitantes: 153,6. 
Según datos oficiales, en 2009 había en las cárceles
españolas 76.090 internos, el doble de los que había en 
1990. De ellos, un 22%, está en prisión preventiva, esto es, 
a la espera de un juicio que resuelva sobre su situación. 
Mantener a un recluso en España cuesta de media 54,79 
euros al día y contamos con un presupuesto que ha pasado 
del equivalente en pesetas a unos 689 millones de euros
del año 2000 a casi 1.250 millones de euros en 2010. 
Curiosamente, las medidas alternativas a la prisión salen
muchísimo más baratas: tan solo cuestan tres euros por 
persona y día. Aún más, según datos del Consejo de Europa
publicados en 2005, el tiempo medio de estancia en prisión
en España se duplicó desde 1996 (9,7 meses) hasta 2004 
(16,7 meses)

Al contribuyente español esta política de 'todos a la cárcel y por mucho tiempo' le sale carísima

Y todo esto a pesar de que España se 
sitúa en una tasa de criminalidad comparada de 45,8 por
 cada 1.000 habitantes, una de las tres más bajas de Europa 
y muy por debajo de la media europea de 69,1, situándose 
en 2009 al mismo nivel que en el año 2000. El 
Eurobarómetro de otoño de 2009 indicaba además que
la percepción de la delincuencia como problema en España 
era de 11,0, la segunda más baja de Europa y muy lejos de la 
media de la UE de los 27 situada en 19,0. En resumen, 
en 10 años la criminalidad ha permanecido estable en cotas
muy reducidas, su percepción por la población es muy baja y, 
sin embargo, en 20 años se ha duplicado la población penitenciaria.

¿Cuál puede ser el motivo de esta incoherencia? Parece 
que las sucesivas reformas del Código Penal como respuesta
a lo que se ha dado en llamar "alarma social" podrían 
explicar en parte este hecho. Tengo para mí, sin embargo,
la convicción de que existen razones más profundas que 
tienen que ver sobre todo con el "populismo penitenciario" 
de una clase política que reacciona a golpe de encuesta, 
alimentada a su vez por unos medios de comunicación
que tienden a incrementar una alarma social que, cada poco 
tiempo, justifica la exigencia del endurecimiento de las normas
penales a pesar del elevadísimo coste de este modelo
populista basado en la testosterona parlamentaria.

La política penitenciaria no puede administrarse a base
de modificaciones reactivas del Código Penal que, 
además de resultar carísimas, resultan ineficaces. 
Aunque resulte obvio, es preciso reiterar que las políticas
preventivas ahorran recursos, mientras que las represivas
encarecen costes. Existen ámbitos (salud pública, 
prevención de peligros laborables, seguridad viaria)
donde ha quedado probado cómo las políticas de 
prevención del tabaquismo, de la obesidad, de la 
siniestralidad laboral o de los accidentes de tráfico 
ahorran no solo vidas (lo más importante) sino también
dinero. Sin embargo, la visión hoy dominante se basa
en la represión penal mediante un amplio uso de los 
ingresos en prisión. Este círculo vicioso conduce al desastre
-nuestra práctica en España lo está demostrando- en
términos de sostenibilidad social y económica y, 
esencialmente, de resocialización.

Aunque es obvio que hoy por hoy no es posible renunciar al 
papel punitivo del Estado, también lo es que en el abordaje
de la criminalidad el derecho penal debiera ser el último 
recurso al que acudir, debiendo primar las estructuras
administrativas de carácter preventivo, esto es, basadas 
en la prevención de peligros y la gobernanza de riesgos, 
en la medida en que la evitación del daño es infinitamente 
mejor y más barata que su reparación. Por no reiterar ejemplos
anteriores: es objetivamente mejor evitar los daños derivados
de la corrupción mediante un eficiente sistema de gobernanza
de su riesgo que andar a la greña en comisiones de 
investigación y juzgados de instrucción para intentar reparar
lo que no tiene remedio: la pérdida de confianza. 
Sin embargo, en nuestro sistema domina hoy la penalización
de conductas, probablemente como materialización
del populismo penitenciario al que me refería. Para justificarlo
se dirá, por ejemplo, que gracias a esta política se ha 
reducido la siniestralidad viaria aunque está por ver si
 esta relación directa existe como única explicación del
 fenómeno. Lo que sí está claro es que, mientras tanto, 
las cárceles se llenan, por ejemplo, entre otros, de 
acusados de violencia sexista sin que las cifras de casos de
agresión contra las mujeres disminuyan como 
consecuencia del endurecimiento penal. Se tendrá, 
pues, que arbitrar soluciones que resulten más eficaces 
que la cárcel para proteger a las mujeres de acciones 
perpetradas por violentos.

El ordenamiento jurídico se basa en la equidad 
fundamentada en la defensa de valores ampliamente
consensuados a nivel de pacto de Estado que no debieran 
verse sesgados por el oportunismo electoral. La finalidad
de la política penitenciaria es la rehabilitación social
 del penado, no su incapacitación perpetua mediante
juicios mediáticos. Impartir justicia no consiste en convertir
 a las víctimas en verdugos. El estatus de víctima tiene 
un límite: el que establece el Estado de derecho dictando 
justicia, no venganza. En este sentido no es de recibo, 
por ejemplo, que los partidos políticos, en plena 
vorágine electoralista, otorguen protagonismo injustificado
más allá de la sede judicial a las víctimas de delitos
-por ejemplo, nombrando como asesores a familiares de víctimas-
 pues ello no hace más que retroalimentar el 
"populismo penitenciario".

Para atajar el desbordamiento de las prisiones, 
la Administración, en primer lugar, debiera ser más 
eficiente tanto en el diseño y aplicación de 
políticas preventivas y de gobernanza de riesgos 
como en el uso del derecho administrativo sancionador, 
porque su legitimidad se basa en el poder de hacer 
cumplir las normas. En segundo lugar, para aumentar
este cumplimiento se requiere un ordenamiento jurídico
 de calidad, con normas precisas y claras: diversos estudios
de la OCDE sobre calidad normativa sitúan a España en
un discreto lugar del ranking europeo. En tercer
lugar, debieran implementarse medidas alternativas
a la reclusión que contribuyan a descongestionar
nuestro sistema penitenciario: es preciso dotar un 
sistema alternativo con criterios y medios más allá 
de las declaraciones de buenas intenciones. Finalmente, 
 reconsiderar el uso de la prisión provisional para evitar 
que sea una suerte de condena anticipada resultado de
 la alarma social y del populismo penitenciario.

Diversas experiencias avalan estos planteamientos. 
La más reciente en los Países Bajos. Desde los años 
cincuenta hasta los ochenta del pasado siglo, Holanda 
consiguió reducir la población penitenciaria hasta 
niveles ínfimos basándose en que la prisión debe 
utilizarse como "último recurso" en el sistema penal. 
A partir de los años ochenta se inició una nueva etapa 
-parecida a lo que sucede hoy en España- que 
convirtió la prisión en un sistema de "defensa social" 
en el que se pasó de una media de 30 presos por 
cada 100.000 habitantes en 1985 (la tasa europea más 
baja) a una media de 120 presos por cada 100.000 habitantes
en 2005. Como tampoco en España, esta evolución no 
tuvo nada que ver con la evolución de la criminalidad, 
que se mantuvo siempre estable. Sin embargo, hoy, Holanda, 
tras recuperar el discurso de que el sistema penal es el 
último recurso y haber implementado políticas preventivas
 y de gobernanza de riesgos acordes con ello, ha iniciado 
la desocupación de ocho prisiones y, para evitar la pérdida 
de los 1.200 puestos de trabajo de vigilante, se plantea
importar presos de Bélgica y Alemania a cambio de 
dinero -generando ingresos en vez de costes-. Lo que 
demuestra el cambio de tendencia holandés es que el 
populismo penitenciario no solo no es eficaz, 
sino que conduce a una insostenible espiral de 
despilfarro económico. Afortunadamente, la opinión pública
 y el poder judicial holandés así lo comprendieron, 
iniciando una vuelta atrás en el camino represor. 
En fin, o empezamos a aplicar políticas preventivas o 
al final el populismo penitenciario nos llevará a todos a la cárcel.

Ramon J. Moles Plaza es director del Centre de Recerca 
en Governança del Risc de la Universidad Autónoma de Barcelona.